Se suponía que este tipo de atentados ya no debería suceder. En la década de los 80 estallaron numerosos escándalos internacionales, porque con frecuencia se desembarcaban productos tóxicos en los países pobres, con desastrosas consecuencias para ellos. En el año 1989 se reunieron numerosos países en Basilea, Suiza y se llegó a configurar un tratado con el propósito de que los países ricos se comprometieran a no enviar estas sustancias toxicas a ninguna parte, a menos que fueran previamente tratadas y eliminado cualquier sub producto dañino. Hubo discursos, pero se esgrimieron diversos subterfugios que impidieron concretar las firmas. Mientras tanto continuaron llegando los desechos tóxicos a los países pobres. Más tarde, en 1995 se consiguió elaborar un tratado formal en que se prohibía enviar a los países pobres cualquier desecho peligroso. Pero esta vez muy pocos países lo firmaron, por lo que tampoco se consiguió implementarlo.

Con todo, en los países de la Unión Europea se publicó una reglamentación para el manejo y traslado de tóxicos. A pesar de ello, fue un barco holandés, de la firma Trafigura, el que vació sustancias toxicas en Abidján. La compañía dio como excusa que los desperdicios correspondían a líquido de lavado de tanques de gasolina y que habían sido originados a bordo del barco, lo que específicamente quedaba fuera de la legislación explicitada en la reglamentación de la Unión Europea. Sin embargo, la empresa admitió que el líquido esparcido contenía material peligroso, como los ya considerados en el tratado de Basilea. Las autoridades holandesas decretaron que la excepción en este caso no se aplicaba.

El hecho ha producido graves trastornos en la Costa de Marfil, donde las protestas callejeras han estallado por todas partes, hasta llegar a provocar la renuncia de la coalición de gobierno. Parece que los platos rotos no sólo los pagan los afectados por los tóxicos, sino también la frágil estabilidad política que se estaba logrando en ese país.