Los derechos de la familia

Entre los distintos enfoques conceptuales de la familia, quizás sea el de Naciones Unidas uno de los de mayor precisión semántica, al señalar que ella "es la unidad biosocial condicionada por la conjunción de convivencia común, consanguinidad e intimidad solidaria". En dicho contexto la familia, tanto en lo estructural como en lo funcional, puede considerarse como un microsistema muy dinámico, en el que se cumplen importantes procesos relacionados con las áreas biológica, sicológica, socioeconómica, cultural y afectiva.

Dado el rol trascendente que compete a la familia, se han postulado derechos orientados a su protección. Así, Naciones Unidas, en el artículo 16.3 de la Declaración de los Derechos Humanos, destaca que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y debe recibir el apoyo del Estado, precisando que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Asimismo, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su XIII período ordinario de sesiones, estableció derechos de la familia referentes a su estabilidad, intimidad, responsabilidad en la transmisión de la vida y la procreación de los hijos, educación, vivienda, condición económica, seguridad social, recreación, desarrollo de valores culturales y promoción cívica.

Cabe destacar que Su Santidad Juan Pablo II , en la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio en 1981, señalaba los riesgos de la familia en los tiempos modernos al decir que "ella ha sufrido, como quizás ninguna otra institución, la acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y la cultura, y muchas familias han vivido esta situación permaneciendo fieles a los valores que constituyen el fundamento de la institución, en tanto que otras se sienten inciertas de cara a su cometido e incluso en estado de ignorancia respecto al significado y la verdad de la vida familiar y conyugal, y otras, en fin, a causa de situaciones injustas, se ven impedidas de realizar sus derechos fundamentales". Concretamente, la Santa Sede, en la Carta de los Derechos de la Familia en 1983, ilustra acerca de hechos específicos en relación al matrimonio, la educación de los hijos y la participación en las actividades de la sociedad.

En Chile ha existido en esta materia una tradición razonablemente continua en torno a la responsabilidad del Estado, en orden a promover actividades sistematizadas tendientes a obtener la salud y el bienestar de la familia, en particular de las que se encuentran en condiciones de mayor riesgo biosocial Los planes y programas de acción pertinentes se han llevado a cabo en un contexto multisectorial, contando con una importante cooperación universitaria y recibiendo una significativa colaboración internacional.

Se han priorizado de este modo las áreas de salud, alimentación, protección frente al medio ambiente, apoyo social (especialmente en las situaciones de pobreza crítica) y educación, incluyendo los tópicos ligados a la promoción de una armónica vida conyugal y familiar considerando. los aspectos relacionados con el ejercicio de una paternidad responsable. Sus resultados en el mediano plazo se estiman muy favorables y han contribuido en forma importante a la obtención de la mejoría de las condiciones de salud registradas actualmente en el país.


El significado de la paternidad responsable

Por paternidad responsable debe entenderse la toma de conciencia de que engendrar un hijo implica el mutuo deseo de los padres de concebirlo en condiciones compatibles con la salud física y mental de ambos, y estando dispuestos al esfuerzo que significa un desarrollo óptimo que le permita el normal desenvolvimiento en la sociedad. Este enfoque conceptual asigna a la paternidad responsable una dimensión finalista a la que contribuye la promoción del planeamiento familiar, que es la actitud tendiente a armonizar la fecundidad humana con las necesidades de bienestar y salud de la familia, con independencia de la ideología que caracterice a la política demográfica gubernamental. En estas condiciones dichas actividades constituyen un derecho inalienable de los padres, y las decisiones que a este respecto se adopten, incluidas las relacionadas con la regulación de los nacimientos, deben contemplar valores éticos y una información adecuada.

En el marco de referencia mencionado debe señalarse que ya desde la década de los años 60 en Chile - al igual que en otros países de la Región de las Américas- en concomitancia con resoluciones de Agencias especializadas de Naciones Unidas, en particular de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud- se ha analizado la problemática ligada a la dinámica de la población y el bienestar familiar. Para ello se ha contado con una valiosa colaboración universitaria que ha permitido el desarrollo de importantes investigaciones en torno al aborto inducido clandestino, a la eficacia de anticonceptivos y a los problemas demográficos relacionados. Estos estudios han constituido el fundamento sólido de las actividades de regulación de la fecundidad llevadas a cabo en el país, en el contexto de los servicios de salud.

Las acciones mencionadas se iniciaron a partir de 1938, empezando en la clínica obstétrico - ginecológica universitaria del Hospital José Joaquín Aguirre, y luego en el Hospital Ramón Barros Luco y en la Unidad Sanitaria Quinta Normal como medio de control del aborto bajo la orientación en estos dos últimos centros del Dr. Onofre Avendaño.

En 1962, por iniciativa del Dr. Gustavo Fricke, Director General del Servicio Nacional de Salud, se crea a nivel del departamento de Fomento de la Salud, dirigido por la Dra. Luisa Pfau, un comité asesor integrado por obstetras e higienistas, de singular competencia técnica, que contribuyó tanto a perfeccionar la información existente en torno al desarrollo en el país de actividades de regulación de la fecundidad como a la expansión de las mismas. Para ello se contó con recursos propios del Servicio y de los provenientes de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), a través de su filial en el país, la Asociación Chilena de Protección de la Familia que comenzó a operar en 1964.

La Asociación llevó a cabo sus actividades en clínicas privadas y en Consultorios del Servicio Nacional de Salud (SNS), pero en forma autónoma. Propósito fundamental de las acciones en referencia fue el control del aborto.



Dr. Jorge Rosselot V.
Fracisco Mardones Restat.