Avanza la restricción a bolsas plásticas y una de cada seis comunas limita su uso..
( Creces, 2018 )
Son 58 municipios donde su uso se ha regulado a través de ordenanzas. La industria del plástico pide normalizar su utilización, pero advierte que eliminarlas podría generar daños en el medioambiente.
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A fines de 2017, la ex presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que buscaba prohibir la entrega de bolsas plásticas en el comercio en las 102 comunas costeras de Chile. Esta es la situación con la que se encontró el actual Gobierno que, a través de una indicación sustitutiva, anunció hace tres semanas que buscará profundizar la medida y prohibir la entrega de bolsas en el comercio en todo el país.
Pero mientras ello ocurre, 58 comunas han regulado su uso a través de ordenanzas, algunas de las cuales son costeras. Así, en el 16,8% de los municipios del país se está limitando la entrega de bolsas plásticas, es decir, en uno de cada seis.
Ese es el caso de Las Condes, que actualmente permite solo tres por cliente y que, desde el jueves, las prohibirá totalmente en las principales cadenas de supermercados. Si bien existe un impedimento legal para que las municipalidades puedan prohibir totalmente su entrega a través de ordenanzas, el municipio logró limitar su uso llegando a un acuerdo con el comercio.
El alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, asegura que anualmente en Las Condes se consumen 200 millones de bolsas plásticas y explica que ""hemos logrado reducir a la mitad el consumo de estas en los supermercados"". Agrega que desde el 17 de mayo la entrega de bolsas ""se reducirá a cero"".
Otras comunas donde se están desarrollando distintos tipos de restricciones son, por ejemplo, Lo Barnechea, Santiago, Independencia, Machalí y Temuco.
Dejar las bolsas.
En promedio, en Chile se consumen alrededor de 200 bolsas al año por cada habitante, es decir, 3,4 millones de bolsas que terminan en la basura. De hecho, el 90% de ellas llegan a los rellenos sanitarios.
Para disminuir el impacto ambiental que tiene el plástico, la prohibición del Gobierno incluirá todo tipo de bolsas plásticas entregadas por el comercio, incluyendo las biodegradables, ya que algunos análisis científicos sostienen que estos productos deben ser tratados industrialmente para su degradación, lo que no sucede en rellenos sanitarios.
Sin embargo, Nicolás Bär, director ejecutivo de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile, dice que ""este proyecto está hecho a la rápida y mal confeccionado"". Agrega que como asociación no están en contra de regular el uso de bolsas plásticas, pero explica que prohibirlas podría generar mayor daño al medio ambiente.
""La cantidad de basura que se genera por año en Chile es de 3,2 millones de toneladas, de eso el 90% se bota en bolsas de plásticos, es decir, 2,8 millones. Si no hay bolsas disponibles, ¿cuál es la alternativa que propone la autoridad con ese problema que se va a generar?"", dice Bär. Además, agrega, ""las bolsas de papel tienen una huella de carbono enorme, porque hay que talar árboles y no tienen segundo uso, no puedes reutilizarlas"".
Una investigación realizada por la Agencia de Protección Ambiental del gobierno de Dinamarca lo respalda. En la publicación analizaron cuántas veces necesita ser reutilizada una bolsa para tener impactos ambientales más bajos que una bolsa de polietileno, como las que se reparten en los supermercados. En el caso de una de papel, debe usarse, al menos 43 veces. Una de algodón, en cambio, en 7.100 ocasiones.
""En Barcelona te entregan una bolsa que tienes que comprar por 5 centavos de euro, y es una bolsa que es de 15 usos, es polietileno puro, con material 100% reciclado, no se prohíbe la bolsa. En Francia no se prohíbe; en Inglaterra no se prohíbe; en Alemania tampoco"", asegura Bär. Agrega que no se permite su uso en ""Kenia, Ruanda, Mauritania. No sé si son los países con los que nosotros queremos compararnos"".
La prohibición del gobierno entraría en vigencia seis meses después de su publicación, si es que se aprueba el proyecto. Aunque en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, entraría en vigencia en dos años.
Max Chávez y Nicolás Álvarez
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