Chile y Corea: dos historias diferentes
( Publicado en Revista Creces, Marzo 1997 )

Hace apenas 25 años, lo que es hoy día Corea del Sur, era realmente un país muy atrasado. Su historia anterior había sido trágica: entre 1894 y 1945 fue ocupada por Japón. Más tarde debió enfrentar una cruenta guerra civil que duró tres años (1950-1953), como resultado de la cual, el territorio quedó dividido en dos segmentos; Corea del Sur, la más pobre, y Corea del Norte, algo mejor. En el Sur quedó un pequeño país sin recursos y sin ayuda de nadie, sumido en una extrema pobreza. Su economía hasta ese entonces, era agraria y el 80% de su población estaba constituida por campesinos empobrecidos, con un 40% de analfabetismo. Su ingreso per capita apenas alcanzaba a los 120 dólares anuales.

En la misma época Chile, aunque también pobre, era más desarrollado. El 60% de su población ya vivía en ciudades, y aun cuando su escolaridad era baja, su analfabetismo era de un 10%. Su economía, evaluada en términos de "ingreso per cápita", era seis veces superior a la de Corea (730 dólares anuales). Desde entonces han transcurrido 25 años. Durante este período, ambos países han progresado, pero a una velocidad y en una dirección muy diferente. Chile cambió su estrategia económica y para progresar ha utilizado básicamente sus abundantes recursos naturales, y por ello ha podido incrementar notablemente sus exportaciones casi exclusivamente cobre, y el total de sus exportaciones alcanzaban sólo a 800 millones de dólares.

Hoy, en base a sus recursos naturales está exportando 16.000 millones de dólares. Con ello se ha elevado el ingreso "per capita" a 5.000 dólares anuales. Todos los indicadores sociales también señalan un progreso significativo, pero aun así, las estadísticas señalan que el 20% de su población aún vive en condiciones de extrema pobreza.

El cambio, en Corea del Sur ha sido aún más significativo y más meritorio. A diferencia de Chile, como no tenía recursos naturales, solo pudo progresar en base al continuo y duro trabajo de toda su población. Corea del Sur, mucho más que Chile, es hoy un país moderno, cosmopolita y dinámico. El analfabetismo es menos del 0.1% (el nuestro es de 4%), y el total de sus exportaciones alcanzan actualmente a los 100.000 millones de dólares (sobre seis veces a las de Chile). Su ingreso per cápita, es también más del doble (12.000 dólares anuales). Allí, la extrema pobreza casi no existe.

El futuro de Chile no se ve halagueño, ya que todo parece indicar que de continuar así, las posibilidades de alcanzar efectivamente el desarrollo y bienestar, en este mundo competitivo y de economía globalizada, son escasas.

Corea, en cambio, ya es el quinto país exportador de automóviles del mundo. En la industria electrónica, ya domina el 20% del mercado de los semiconductores y computadores personales, Es, además, el mayor país del mundo en la industria de construcción de barcos. Ha logrado progresar rápidamente en la construcción de una infraestructura científico-tecnológica que está alcanzando una alta competencia a nivel mundial, lo que le permitirá continuar siendo competitivo.

¿Cómo puede explicarse el cambio en tan poco tiempo? Sin duda que las razones son muchas, pero hay una que tiene que hacernos pensar: el énfasis que desde hace 25 años esta nación puso en la modernización de la educación en todos sus niveles y muy especialmente en la educación superior y en la construcción de una infraestructura científico-tecnológica para el desarrollo. El editorial de la revista Science del 6 de Diciembre de 1996, escrito por dos prominentes coreanos, se refiere al tema y parecen tener claras las razones del cambio. Se trata de Nack-Chung Sung y Yong Seung Chumg, Presidente y Director respectivamente, de la federación Coreana de Sociedades de Ciencia y Tecnología (KOFST). Esto es de una organización privada no gubernamental, que agrupa a 250 sociedades profesionales, cuyo principal objetivo ha sido el lograr el desarrollo y la transferencia tecnológica desde los centros de investigación a las industrias productivas.

Sung y Seung explican el cambio: "en la década del 70 se reconoció la importancia de la educación superior y del desarrollo científico tecnológico como elementos fundamentales para el progreso, y ello pasó a ser una gran prioridad nacional. Se estableció una red de institutos de investigación con el objeto de incrementar y hacer competitiva la actividad industrial. Se dio todo el énfasis en la creación de nuevas universidades, de modo que en la actualidad estas ya son más de 160. Del mismo modo, se crearon más de 30 Centros de Investigación, que actualmente son financiados en gran parte por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En la actualidad, las universidades y estos institutos son el motor del desarrollo económico e industrial. Teníamos claro que nuestro futuro dependería grandemente de la calidad de la educación universitaria y de la capacidad que ellas pudiesen desarrollar para generar investigación, y al mismo tiempo, transferirla al sector productivo. Teníamos claro también que sólo así se podía acortar la distancia que nos separaba de las tecnologías sofisticadas y tener posibilidades de éxito para enfrentar el siglo XXI".


La realidad de Chile

Cuan diferente ha sido la realidad de Chile. Durante todo este tiempo han sido muy pocos los que han pensado como los editorialistas de Science, y el énfasis del desarrollo se ha mirado sólo desde el punto de vista económico, desconociendo la importancia del dinamismo de la ciencia y la tecnología en la competitividad mundial. Por ello, durante 25 años, nada ha ocurrido en su sistema universitario convencional, que en el pasado habiendo sido más que las universidades de Corea de esa época, hoy se quedaron detenidas en el tiempo, envejeciéndose y aniquilosándose. Nada tampoco se ha hecho para crear una infraestructura científico-tecnológica eficiente de apoyo al sector productivo. Como las vírgenes necias, no se tomaron oportunamente las previsiones que la dinámica de los tiempos hacía evidentes, y en consecuencia tenemos que enfrentar la realidad de que no es posible pasar la segunda etapa exportadora, que habría permitido alcanzar realmente el desarrollo. Ahora resulta evidente que por la simple explotación de los recursos naturales no es posible alcanzar el desarrollo y bienestar debido a que éstos no son suficiente. Más aún, por el progreso científico de las últimas décadas, especialmente en las áreas biológicas, incluso estamos perdiendo competitividad en su utilización.

Un simple cálculo basta para demostrar el pesimismo. Si Chile pretende seguir creciendo a un ritmo prudente de un 5% al año durante los próximos 15 años, para el año 2013 debiera estar exportando sobre los 70 mil millones de dólares anuales. El cálculo de esta cifra se basa, por una parte, en que con un crecimiento anual de un 5%, debería más que doblar el Producto Interno Bruto en esos 15 años. Este hoy alcanza a los 50 mil millones de dólares, de modo que para ese entonces debería sobrepasar los 100 mil millones de dólares. Por otra parte, Chile debería también, como lo hace Corea (porque ambos países son pequeños), colocar en el mercado internacional el 70% de ese producto. Es decir, para poder crecer al 5% al año durante los próximos 15 años, Chile debería ser capaz de exportar en el año 2013, sobre los 70 mil millones de dólares.

Actualmente exportamos 16 mil millones en base a recursos naturales y ya pareciera que sólo con estas exportaciones se ha topado techo. De hecho, durante los últimos dos años, prácticamente Chile no ha continuado incrementando sus exportaciones expresadas en dólares.

Resulta obvio que, de continuar utilizando sólo los recursos naturales ya no es posible proyectar un crecimiento del 5% al año en los próximos 15 años. No se visualiza tampoco otra estrategia, debido tanto en el retraso del sistema educacional (especialmente universitario), como por la casi nula capacidad científico tecnológica para el desarrollo. Sin duda que éstas son ahora las dos grandes debilidades de Chile, como la reconocen también todos los organismos internacionales. Ello era perfectamente predecible hace ya 25 años (Jaque al Subdesarrollo, 1972 y Jaque al Subdesarrollo Ahora, 1993. Fernando Monckeberg), pero parece que nadie lo quiere ver.


Nuestro sistema de educación superior

En los últimos años se ha hecho énfasis en la necesidad urgente de modernizar nuestro sistema educativo y eso, aunque atrasados, ya significa un gran paso. Sin embargo, el énfasis se ha puesto sólo sobre la educación media, la básica y la del pre-escolar, pero son pocos los que aun hoy enfatizan que, tal vez, la mayor necesidad de modernización está en la educación superior. Más aún, aunque muchos se niegan a reconocerlo, nuestro sistema universitario está en una grave crisis.

Es evidente que no ha sido capaz de responder a las necesidades de cambio que el momento exige, y es así que los tiempos lo han sobrepasado. El tremendo cambio científico-tecnológico de las últimas décadas y sus repercusiones en todas las estructuras de la sociedad, han dejado en una absoluta obsolescencia. En las universidades se continúa enseñando como en los comienzos de siglo, encerradas en sí mismas y sin aportar a la dinámica del cambio que el conocimiento nuevo está exigiendo. Hoy más que nunca, no basta que la universidad se restrinja a la formación de profesionales. Es una exigencia que también desarrolle la capacidad investigativa, tanto científico-tecnológica como humanística, necesarias para responder a los problemas y limitaciones que afectan a la sociedad o al individuo, y poder así visualizar los cambios y adelantarse a ellos, de modo que sea posible incluso visualizar el futuro, con el objetivo de ser rectora del conocimiento y promotora del desarrollo y bienestar comunes.

Como lo logró Corea con sus universidades, Chile debería haber sido capaz de conseguir que ellas hubieran contribuido a las necesidades científicos-tecnológicas que el sector productivo de bienes y servicios estaban requiriendo. Hoy ya es tarde, y se hace difícil recuperar el tiempo perdido.

Pero aunque tarde, se debiera reaccionar introduciendo, contra el tiempo, profundos cambios en las estructuras de todo el sistema. En primer término, los investigadores y académicos, no debieran seguir escudándose en la "libertad académica" o en "la necesidad de investigación básica", u otros principios pasados de moda, con que muchos científicos de profesión engañan a los políticos para lograr recursos, prerrogativas, o simplemente para defender su estabilidad y el no cambio. No es justo que éstos continúen eludiendo la responsabilidad social, desorientando a las autoridades e induciéndolas a malgastar recursos que con esfuerzo son generados por todo el país.

No basta, como indicador de eficiencia, sólo mostrar el número de proyectos ganados en concursos, en un medio competitivamente pobre. El parámetro debiera ser otro "en la medida que la universidad ha logrado que el país se consolide mediante la generación de conocimientos nuevos para su progreso". Esos parámetros existen, pero se eluden. Por ejemplo, el número de patentes generadas y el número de patentes que, generadas en las universidades, han llegado a ser utilizadas en el sistema productivo de bienes y servicios del país. Qué cantidades de recursos económicos han sido transferidos a las universidades por el sector productivo, para que éstas den respuesta a sus necesidades de eficiencia productivas. 0 cuál es el número de proyectos colaborativos con las mismas. Es así como se ha evaluado lo logrado por las universidades estatales en Corea, y eso explica en gran parte la diferencia que se ha producido entre nosotros y ellos.

En fin, se necesita un profundo cambio cultural dentro de las universidades y también dentro de los organismos estatales que entregan los recursos. Para estos últimos, una importante prioridad para adjudicar recursos a proyectos de investigación, debieran ser los potenciales y demostrables beneficios sociales o económicos que se derribarían de la aplicación del nuevo conocimiento generado. Eso sí que contribuiría a la transparencia del proceso de selección y además lo haría eficiente, evitando las asociaciones, la autocomplacencia y la diletancia, que hoy se observa en muchos investigadores universitarios.

Se hace también necesario modernizar la docencia y preparación profesional, de acuerdo a los enormes cambios científicos-tecnológico de las últimas décadas. Conspiran contra esto las rígidas estructuras administrativas que las universidades se han dado, junto a la inmovilidad de los cargos que hacen imposible los cambios necesarios. Ya no se puede continuar con la división del conocimiento en estancos (facultades), que hacen imposible el intercambio del conocimiento y el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y físicos disponibles.

Durante las últimas décadas se ha producido algo que no muchos pudieron visualizar: áreas del conocimiento que parecían muy disimiles, ahora se encuentran estrechamente relacionadas y han llegado a ser interdependiente. Es así como se ha llegado a una verdadera globalización de los conocimientos, al que nuestras universidades no han sido capaces de adaptarse debido a la rigidez de las estructuras que defienden pequeños intereses de grupos.

Una gran causa del retraso de la Universidad frente al rápido cambio del conocimiento nuevo reside en la preservación de antiguas prácticas, en que las universidades fueron involucradas en las luchas de poder político. Es así como nuestro sistema universitario constantemente se ha visto envuelto en la contingencia política, siendo instrumentalizada como un elemento útil en la lucha por el poder político. Por ello es que la universidad ha perdido fuerza, prestigio y credibilidad como institución rectora del saber y la formación superior. Es evidente que la politización no ha beneficiado en nada al sistema universitario, y en cambio ha contribuido directamente a la pérdida de su verdadero rol y desorganización consecuente.

En cada una de nuestras universidades tradicionales, la elección de sus autoridades se hace de acuerdo a estructuras políticas. Lo mismo ocurre en las asociaciones de estudiantes, de académicos y funcionarios. Según sean las tendencias triunfantes, con cargo a los mismos presupuestos universitarios, se contratan oleadas de nuevos asesores y funcionarios, devolviendo con ello favores políticos. A las mismas tendencias políticas corresponden también la designación de las autoridades superiores, designadas y elegidas. Todo ella es la gran causa de la corrosión interna y del desánimo de los verdaderos académicos que, afortunadamente, con vocación, aún los hay.

Las malas prácticas desarrolladas en forma sostenida, han llevada a que todas las universidades estatales se hayan sobrecargado de personal, la que se agrava por la inamovilidad de sus cargos. Ello ha llevado a que los salarios sean bajos y que los académicos deban conseguir trabajos externos para subsistir, la que va en desmedro del trabajo universitario. Es debido a la sobredotación de personal docente y administrativo que la casi totalidad del presupuesto se deba destinar a remuneraciones, siendo casi nulas las inversiones en desarrollo. Todo ello ha llevado a una cultura de un malentendido igualitarismo y democracia universitaria, que ha condicionado su estancamiento. Ello atenta contra un principio universitario fundamental en su estructura que debiera ser meritocrática y jerárquica. Es absurdo el sistema reinante de elección de sus autoridades, quo ha llevado hasta los extremos de elegir hasta los jefes de Departamentos. Ninguna universidad puede alcanzar la eficiencia con semejante sistema de designación de autoridades, y es por ello que no existe en ningún país cuyas universidades hayan alcanzado un alto grado de desarrollo.

Es indispensable modificar los estatutos universitarios, de modo que se busquen mecanismos que aseguren su independencia de la contingencia política y se ponga énfasis en las condiciones personales de idoneidad y capacidad para desempeñar tan altas responsabilidades.

Las universidades necesitan estar exigiendo el máximo a sus académicos, lo que involucra una periódica evaluación de ellos. Ellas deben realizarse con elevados parámetros acorde con la verdadera misión de la universidad, por comisiones que ojalá sean externas a ellas. La experiencia ha demostrado que las comisiones evaluadoras internas tienden a ser benevolentes y a disminuir los niveles de los parámetros establecidos.

Las universidades, además, deben estar constantemente cuestionando su quehacer y su organización, por lo que es necesario también la evaluación continua institucional. Ella es la única forma de adaptarse a los cambios de los tiempos e incluso adelantarse a ellos, para así responder a las necesidades cambiantes de la sociedad. Por ello sus estructuras no pueden ser rígidas, a riesgo de una rápida obsolescencia.

Del mismo modo las universidades deben dejar de realizar actividades que no son propiamente de su incumbencia, más aún si ellas significan costos que gravitan sobre sus presupuestos. Por el contrario, deben concentrarse sólo en lo propiamente académico, especialmente lo relacionado con la docencia y la investigación científica necesarias para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Para ello es indispensable buscar el mayor contacto posible con las organizaciones estatales y el sector productivo de bienes y servicios.


Infraestructura científico-tecnológica

A diferencia de Corea, carecemos de una verdadera infraestructura científico-tecnológica que nos permita pasar a una segunda etapa exportadora. Cualquier análisis que se haga de nuestra realidad conduce a las mismas conclusiones: ésta es insuficiente, desarticulada y precaria para el desarrollo competitivo.

El no contar con ella, limita definitivamente nuestra capacidad de innovación tecnológica y por lo tanto el desarrollo. Según el profesor Paul Romer de la Universidad de Stanford, "hoy en día el cambio tecnológico es el factor que determina la tasa de crecimiento" (The Wall Street Journal Americas, El Mercurio, Enero 22, 1997).

Sin pronunciarse sobre su calidad, el número de investigadores de que dispone el país, es escaso y la casi totalidad de ellos están en el sector universitario. El análisis de su actividad científica desarrollada pone en evidencia que ésta es francamente marginal y que son solo ocasionales las relaciones existentes entre los investigadores y los sectores productivos de bienes y servicios, tanto privados como públicos.

Varios de los investigadores existentes han recibido entrenamiento en universidades y centros de excelencia en el extranjero y allí han aprendido tecnologías e iniciado líneas de trabajo que al volver tratan de implementar y continuar. Desgraciadamente la mayor parte de ellas no tienen relación directa con las necesidades reales del país.

En todo caso, algunas de ellas son realmente investigaciones bien desarrolladas, que a veces ameritan su publicación en revistas internacionales especializadas. Sin embargo son también escasas. Las publicaciones de relevancia por millón de habitantes son en Chile 10 veces menor que aquellas de los países del primer mundo. Es decir, a través de este parámetro se demuestra nuestro vacío existente en este sentido.

Cuando se analizan estas investigaciones desde el punto de vista de la trascendencia de ellas para el desarrollo, se pone en evidencia una situación mucho más desmedrada. Ello permite afirmar que en Chile no se hace una investigación significativa que pueda ser de utilidad para nuestro desarrollo. Así por ejemplo, en el área de las ingenierías, si se compara con países avanzados pero con poblaciones numéricamente parecidas, Chile publica 70 veces menos (por habitante) que Israel, 28 veces menos que Australia, 22 veces menos que Corea y 15 veces menos que Taiwán. Respecto a Ciencias de Computación, basta señalar que Chile publica 100 veces menos que Dinamarca y 22 veces menos que Australia. En el área de Ciencias Agrarias y Forestales, las publicaciones chilenas son casi nulas. Lo mismo sucede en el área de Ciencias del Mar.

Midiendo por este parámetro, el atraso de Chile es considerable. Si se analiza a través del número de patentes de invención internacionales, la situación es aún más dramática, dado que Chile prácticamente no las tiene.

Hasta ahora el Estado, frente a esta tremenda limitación, sólo se ha pronunciado tibiamente. Es así como no ha existido una política científico-tecnológica explícita, altamente tecnificada y coherente con las necesidades del desarrollo. Sólo se ha limitado a otorgar algunos recursos para que investigadores presenten proyectos individualmente concebidos, que en general no tienen relevancia frente a las necesidades del desarrollo(CONICYT).

Más recientemente, se creó el Fondo de Desarrollo Productivo (FONTEC), y más tarde el fondo de Fomento al Desarrollo Científico Tecnológico (FONDEF). Es cierto que ello ha permitido comenzar a despertar el interés de las empresas por la investigación científico-tecnológica, pero no se ha implementado ninguna medida para la creación de una infraestructura que haga posible este desarrollo.

El sector productivo privado o estatal, por otra parte, no ha tenido ningún incentivo para desarrollar la innovación tecnológica, y a ello se debe el que no haya participado hasta ahora en el proceso. Ello contrasta con lo que se observa en los países desarrollados, donde el mayor esfuerzo de investigación precisamente lo desarrolla este sector, para el cual existen los incentivos correspondientes. Tal es el caso de Estados Unidos, Japón, o los países Asiáticos, donde entre el 65% y el 75% de los conocimientos nuevos han sido generados por este sector (sean estos conocimientos o directamente aplicados).

Por otra parte, es necesario señalar también que la conexión entre Universidad y Empresa es prácticamente inexistente. Culturalmente ha existido una desconfianza mutua entre ambos sectores, que hace difícil la articulación entre ellos. Comenzar a cambiar ahora este estado de cosas, ya es tarde, pero necesariamente la tarea tiene que abordarse. Si no se hace estaremos, en un futuro inmediato, en condiciones de serio riesgo frente a nuestras posibilidades de desarrollo. Contra el tiempo es necesario implementar una estrategia de desarrollo científico tecnológica que permita acortar terreno frente al abismante distanciamiento que están alcanzando los países desarrollados.

Dentro de una estrategia, como lo ha hecho Corea entre otros, se hace indispensable el disponer de Centros intermedios, en los que para su creación necesariamente deberá colaborar el Estado mediante una política de incentivos adecuados. En ellos se podría crear el nexo entre universidades y el sector productivo. Estos organismos deben ser instituciones en que se realice investigación científico-tecnológica multidisciplinaria, en áreas específicas, cuyo objetivo sea fundamentalmente el dar satisfacción a las necesidades de ciencia y tecnología del sector productivo.

En nuestro caso, el principal objetivo de estas instituciones debería ser el de contribuir directamente al desarrollo competitivo de las industrias con potencial exportador de nuestro país, mediante la formación y entrenamiento del personal, la atracción de investigadores calificados desde el extranjero, el desarrollo de investigaciones que conduzca a la mejoría o creación de nuevos productos o servicios, y al mismo tiempo, la capacitación en la gestión y adquisición de nuevas tecnologías, logrando así también la adecuada transferencia de ellas. Instituciones como éstas serían muy atractivas para captar investigadores ya formados en países desarrollados. Hoy Chile está en una situación excepcional para ello. La formación de personal propio en centros de excelencia extranjeros, también tiene que iniciarse, pero ello llevará tiempo que no se puede esperar.

La creación de estos Centros, más que planificarse centralizadamente deben darse espontáneamente, pero para ello se necesita una política de incentivos que el Estado debe diseñar. Hay que considerar que una política de esta naturaleza no sólo beneficia a las empresas, sino mucho más, al país entero que al contar con industrias eficientes y competitivas crece y mejora la calidad de vida de todos. Los incentivos que el Estado debería otorgar, aunque siempre significan desprenderse o aportar recursos (incentivos tributarios o aportes directos) tienen un alto retorno para el país, por las externalidades que éstos generan. De este modo, lo que el Estado puede otorgar no representa un privilegio sino un esfuerzo colectivo para lograr la mayor eficiencia y competitividad del sector productivo. Así al menos lo entendió Corea y tantos otros países desarrollados.

Son muchos los estudios que avalan esta afirmación. Así por ejemplo, en un informe reciente de la National Science Foundation de USA, redactado por Edwin Mansfield economista de la Universidad de Pennsilvania, se concluye que las inversiones hechas por el Estado a objeto de potenciar investigaciones de empresas, no sólo se beneficia a éstas, sino también al país (producción de mayores tributos, nuevas fuentes de trabajo adecuadamente remuneradas, construcción de infraestructura, etc.). De acuerdo a este informe, el retorno de la inversión se distribuye en un 60% para el país y en un 40% para las empresas.

Lo anterior reviste singular relevancia en lo que concierne a las industrias medianas y pequeñas (menos de 300 trabajadores) que conforman la fracción principal de nuestra infraestructura productiva, generando el mayor número de fuentes de trabajo. Ellas, para ser competitivas, necesitan de investigación científico-tecnológica y, por su tamaño, no son capaces de implementar por sí solas la estructura necesaria.

Este es el camino que siguió Corea, y para ello ha creado 30 centros especializados en diferentes campos. La idea no es nueva, porque también otros países desarrollados han seguido igual camino. Estados Unidos, donde existen numerosos centros, constituye un buen ejemplo de ello. La política de su actual gobierno prevé la creación de 170 centros más en los años venideros, con una inversión estatal de aproximadamente 500 millones de dólares sólo para el presente año. Este mismo sistema es el que le ha dado fuerza al desarrollo de Japón, que cuenta con 172 centros regionales, colaborando el Estado con aproximadamente 500 millones de dólares para su mantención. En este caso, todos los esfuerzos van dirigidos a las empresas pequeñas y medianas, que ven así satisfechas sus necesidades de investigación tecnológica.

Alemania ha montado una red descentralizada y autónoma de institutos con resultados notables, los institutos Fraunhofer, distribuidos en todo el país. Existe un total de 47 institutos que, con un financiamiento de 600 millones de dólares anuales, prestan un invaluable servicio al sector productivo. Sus presupuestos corresponden a montos elevados, cuyas diferencias provienen de las propias industrias beneficiadas. Estos institutos colaboran en sectores tan importantes como microelectrónica, cerámica, biotecnología, utilización de la madera, agroindustria, automatización, robótica, etc. Los institutos han sido construidos en el interior de centros universitarios y las universidades están involucradas en ellos.

En la mayor parte de ellos, el manejo y administración corresponde al de una empresa privada, independiente de la universidad. Los investigadores, empero, casi siempre colaboran con la docencia, particularmente al nivel de post-grado, dirigiendo tesis y prácticas profesionales. Desarrollan también por contratos investigaciones conjuntas, especialmente en aquellas áreas en las que la solución del problema requiere de una aproximación más compleja. Estos institutos son un eficiente mecanismo para convocar la respuesta de la universidad a las necesidades de ciencia y tecnologías del sector productivo.

Inglaterra, que según el Ministro de Industrias atraviesa una prolongada crisis por perdida de competencia, recientemente ha reconocido la necesidad de contar con una red de centros que faciliten la innovación y génesis científico-tecnológica y ha comenzado a montar centros semejantes a los de Alemania. Se denominan ""Centros Faraday”. Nueva Zelandia, adoptando igual política, dispone de 10 centros que se dedican exclusivamente a investigar en el ámbito de los recursos agropecuarios. Ciertamente han priorizado un área de elevada competitividad esencial para su desarrollo.

Bastante más activos han sido los países asiáticos. No sólo Corea, sino también Taiwán y Malasia, con resultados que ya están siendo muy positivos. En fin, el esquema con variaciones, se repite en todos los países que hoy son desarrollados y que tratan de competir en el cada vez más exigente sistema económico internacional.

Para Chile, la expresión de una política que incorpore adecuadamente las experiencias descritas, constituye un imperativo histórico, si se desea continuar con el desarrollo en el marco de las estrategias hasta ahora utilizadas. De seguro, siendo un país pequeño y de recursos limitados, debemos fijar algunas prioridades de acuerdo a nuestras posibilidades reales en el contexto internacional. Sin embargo, es probable que la selección de áreas de investigación se exprese espontáneamente si el Estado otorga los incentivos apropiados, tanto a los sectores productivos como a las universidades, si éstas previamente logran reestructurarse y corregir los vicios ya señalados.

Es indispensable que la creación y gestión de estas instituciones, tengan un mínimo de sujeción estatal. Así podrán atender las genuinas necesidades del sector productivo de bienes y servicios, y al mismo tiempo eliminar los vicios burocráticos que pudieran interferir en la dinámica de su accionar. Para ello deberían ser instituciones independientes y en su gestión debieran estar involucradas las empresas interesadas y las universidades. Sin embargo, estos centros deben ser independientes de ellas.

Ojalá que despertemos y un programa como éste pueda ser realidad. Chile lo necesita si pretende mejorar la calidad de vida de todos y llegar algún día a ser un país desarrollado. Que no lamentemos después sobre la leche derramada, porque las consecuencias las pagarán nuestros hijos.



Dr. Fernando Monckeberg


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