Estos hechos los relata Bernard Schoenberg, profesor de medicina social de la Universidad de Columbia en Nueva York, y se publicó en la revista The Scientist (Noviembre-Diciembre 1997, pág. 20). Para este objeto, visitó China en 1996, en una misión financiada por J. Roderick MacArthur Foundation y Human Rights Watch. El objetivo era desarrollar una investigación que contestara tres preguntas fundamentales: a) De dónde provenían los órganos que se estaban trasplantando en China; b) Cuántos extranjeros estaban acudiendo al país para someterse a trasplantes y c) Cuánto cobraban las instituciones por ello. Todo esto por los antecedentes que circulan, señalando que los trasplantes de órganos han aumentado notablemente en ese país durante los últimos años, y que dichos órganos provendrían de los prisioneros ejecutados. Según los antecedentes previos, ciudadanos de Hong Kong, Taiwán, Singapur y otros países del borde del pacífico, viajan regularmente a China para que esos órganos les sean trasplantados.

En sus investigaciones, ningún cirujano chino entrevistado le confirmó esto. Pero por otro lado, los grupos de derechos humanos afirman que el gobierno de China ha montado un gran negocio de trasplantes de órganos, provenientes de condenados a la pena capital.

El periódico Journal of Chinese Organ Transplantation, una publicación técnica China, señalan que los órganos provienen de donantes que han muerto a consecuencia de "heridas craneales extensas" (las ejecuciones en China se llevan a cabo disparando balas en la parte posterior del cráneo). Según Schoenberg, algunos oficiales chinos le reconocieron que en algunas ocasiones se han usado órganos de convictos.

De acuerdo a declaraciones de Amnesty International, las ejecuciones han aumentado abruptamente en China. Mientras en los años 1955 y 1956 sumados, estas alcanzaron a 4.367, sólo en el año 1996, ya se elevaron a 6.100. Según el autor, la mayor parte de los ejecutados aparecen como criminales, ladrones, falsificadores, estafas de impuestos y otros, lo que posiblemente en otros países habrían tenido penas más livianas. Según Robin Munro, que trabaja en Derechos Humanos en Hong Kong, se estipula claramente que los órganos de estos prisioneros pueden usarse como objetivos médicos, bajo una de las tres siguientes circunstancias: a) Que nadie reclame su cuerpo; b) Que el prisionero haya anteriormente autorizado el uso de sus órganos y c) Que la familia esté de acuerdo con ello.

Si esto ocurre, está también establecido como debe operarse: "el uso de los órganos de un criminal ejecutado debe mantenerse bajo estricto secreto, poniendo especial atención para impedir repercusiones negativas". Se permite que un vehículo del Departamento de Salud, llegue hasta el lugar de la ejecución, para remover los órganos. Pero no debe el vehículo tener insignias que señalan su procedencia, ni tampoco su personal usar delantales blancos. Debe montarse guardia, mientras se procede a la extracción de los órganos.


Clientes extranjeros

Los pacientes del extranjero viajan a China para someterse a un trasplante en fechas precisas que se fijan por anticipado. Esto hace suponer que dichas fechas se dan de acuerdo a lo programado en las ejecuciones.

Pareciera que la demanda es enorme y de muchos países del mundo, y los costos por el trasplante son menos que los que se cobran, por ejemplo en Estados Unidos. Un trasplante de riñón en un hospital chino, cuesta aproximadamente 20.000 dólares, mientras que en un país occidental cuesta entre 50 y 100.000 dólares.